Las prestaciones laborales son un derecho fundamental de los policías. El gobierno, en su rol de empleador, debe garantizar su entrega y su financiamiento. Sin embargo, entre las obligaciones laborales de los municipios, y las prestaciones que ofrecen a los policías, hay una amplia brecha. El análisis del marco normativo explora este tema a profundidad y evidencia la complejidad del marco legal y cómo su fragmentación afecta el cumplimiento efectivo de los derechos laborales de los policías. Para realizarlo, se abordan los diferentes niveles de legislaciones que regulan estos derechos: desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta las leyes estatales y reglamentos municipales.. Se presenta una explicación de los principales instrumentos legales que rigen estas prestaciones, como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. También se discuten las dificultades derivadas de la falta de definición, tanto de los esquemas complementarios de seguridad social que deben crear los gobiernos locales, como de los contratos laborales. Por último, se destaca cómo esta ambigüedad y la flexibilidad concedida a los municipios resultan en escasas prestaciones, lo que contribuye a la desprotección de los policías.